Óscar Reyes Matute
Durante décadas, la dialéctica política de la región pareció responder a una ley inmutable de compensaciones. La derecha y el capital privado asumían la tarea pragmática de dinamizar la economía, atraer inversiones y generar riqueza; no obstante, la concentración inevitable de esa bonanza en pocas manos abría el camino para el posterior reclamo social de redistribución.
A ese descontento acudía puntualmente la izquierda, armada de promesas integradoras que, tras el desgaste del ejercicio del poder, solían derivar en la hipertrofia del gasto público, el asfixiante ahogo de la iniciativa privada y la consecuente bancarrota fiscal.
Acto seguido, sofocada la economía y degradadas las garantías institucionales, el electorado volvía a llamar al pragmatismo liberal para reconstruir los escombros.
Ese ciclo oscilatorio encontró su mayor factor de distorsión en la primera década de este siglo, cuando la ingente bonanza petrolera venezolana financió un engranaje continental que sostuvo la hegemonía del llamado «Socialismo del Siglo XXI».
Aquella billetera ideológica insufló recursos a Cuba, impulsó el ciclo kirchnerista en Argentina y extendió su influencia trasatlántica como un actor decisivo de soporte diplomático y financiero durante buena parte de las administraciones de Rodríguez Zapatero en España.
La premisa dominante sostenía que sin la intervención tutelar de la izquierda resultaba imposible articular cualquier noción de desarrollo o equidad social. Sin embargo, aquella certidumbre teórica acumuló fisuras irreparables. Como advirtió proféticamente el sociólogo Anthony Giddens en Más allá de la izquierda y la derecha, la izquierda tradicional terminó convertida en un dinosaurio dogmático frente a los imperativos de la globalización, la aceleración tecnológica y el libre flujo del capital. La derecha, en contraste, demostró una agilidad notable para abrazar la innovación y la propiedad privada como motores reales de transformación.
Hoy, el agotamiento del modelo populista ha alcanzado su punto de inflexión. Tras la remoción del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela —el pilar financiero y político del bloque—, América Latina atestigua un vertiginoso viraje doctrinario impulsado por el hartazgo ante la corrupción endémica y el colapso del orden público.
Las urnas han consagrado una contundente sucesión de triunfos conservadores: Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador, Rodrigo Chaves en Costa Rica, Javier Milei en Argentina, Abelardo de la Espriella en Colombia, Tito Asfura en Honduras, Luisa María Calderón en Bolivia, Keiko Fujimori en Perú y José Antonio Kast en Chile.
A este cuadro se suma la apretada definición electoral en Brasil con la victoria de Flávio Bolsonaro en primera vuelta, y la reciente disolución de las Cortes en España tras la caída del gobierno de Pedro Sánchez.
En el mapa regional, las excepciones de izquierda han quedado reducidas a los bastiones residuales de Cuba, Nicaragua y la administración del Frente Amplio en Uruguay.
Este realineamiento ideológico coincide de forma determinante con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y una versión marcadamente asertiva de la Doctrina Monroe. Ante la expansión de la delincuencia transnacional, la nueva ola de mandatarios latinoamericanos ha decidido apostar fuerte por una alianza estratégica con Washington. La creación de una coalición multinacional contra el narcotráfico y la designación de los cárteles como organizaciones terroristas abren la puerta a una inédita cooperación militar, judicial y de inteligencia en el Hemisferio Occidental.
El pragmatismo sobre la seguridad ciudadana —cuyo emblema continental es el modelo salvadoreño— se ha consolidado como el bien de consumo político más codiciado por unos votantes desesperados por estabilidad.
Para la Venezuela post-Maduro, inmersa en la reconstrucción de sus instituciones y su industria energética, el nuevo mapa geopolítico ofrece una coyuntura sin precedentes. La alineación con un bloque regional predominantemente liberal, sumada al respaldo de Washington, proyecta al país como un polo de atracción de inversiones internacionales y un socio energético confiable para Occidente.
América Latina parece haber comprendido que la riqueza no se decreta ni se redistribuye mediante la retórica, sino que se crea mediante la seguridad jurídica, la competitividad tecnológica y el respeto irreductible a la propiedad privada. ¿El empleo, la democracia, las elecciones? Como vaya viniendo vamos viendo.
