The Daily Journal – Un total de 118 menores de edad fueron imputados entre 2024 y 2025 en Venezuela por delitos previstos en la ley contra el odio. Así lo indicó Cecodap, una ONG dedicada a la protección de los niños en el país, en un período marcado por la crisis poselectoral tras la proclamada reelección de Nicolás Maduro como presidente.
Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, señaló en su cuenta de X que estas cifras representan a adolescentes que enfrentaron miedo, angustia e incertidumbre, así como la violencia de un sistema de justicia que, según afirmó, no cumplió con las garantías mínimas previstas en la LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente).
El pronunciamiento de Trapani se produjo después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitara la semana pasada una reforma de la ley contra el odio. No obstante, varias ONG y partidos políticos han exigido su derogación, al considerar que viola la libertad de expresión y constituye un instrumento de persecución contra opositores. Trapani agregó que, si la ley va a reformarse, los derechos de los menores también deben formar parte de la discusión.
Según datos difundidos el pasado miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, al menos 927 personas en Venezuela han sido acusadas de «incitación al odio» desde la aprobación de la ley, en 2017.
La LOPNNA fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, de mayoría chavista, instalada ese año en paralelo al Parlamento, de mayoría opositora, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales. Su aprobación respondió a una solicitud expresa del entonces presidente Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron las protestas entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio». Desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido utilizada como un instrumento para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder.
Con información de EFE
