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Julio A. López, editor jefe. – Venezuela alberga una de las mayores reservas de gas natural del planeta, pero buena parte de ese recurso nunca llega a un consumidor. Esa paradoja es el objetivo de Baker Hughes, que el pasado viernes en Caracas selló dos acuerdos para reactivar la cadena gasífera del país y abrir, por primera vez en su historia, la puerta a las exportaciones de gas natural licuado (GNL).
El primer pacto es una alianza estratégica entre Petroleos de Venezuela, la firma de ingeniería Lindsayca, con sede en Houston, y el desarrollador estadounidense Fulcrum LNG. El segundo es un memorando de entendimiento con New Stratus Energy para impulsar futuros prospectos de crudo y gas. La firma la encabezó Lorenzo Simonelli, presidente y director ejecutivo de la compañía, y no se divulgaron los montos.
El reparto de papeles está definido: Baker Hughes pondrá la tecnología para el desarrollo de campos, la infraestructura gasífera y la licuefacción; Lindsayca, presente en Venezuela desde 1986 a través de Lindsay C.A., aportará ingeniería, construcción y operación; y Fulcrum estructurará los proyectos de transporte y GNL, buscará capital privado y abrirá mercados. Simonelli resumió la meta como transformar el gas venezolano en un abastecimiento interno confiable y, más adelante, en un negocio de exportación.
Un tesoro subutilizado
Las cifras explican el interés. Venezuela acumula unos 5.500 millardos de metros cúbicos de reservas probadas, el séptimo mayor volumen del mundo, pero produce apenas 24 millardos al año. Alrededor del 80% es gas asociado, que brota junto al petróleo haya o no comprador. Sin gasoductos ni plantas de procesamiento suficientes, gran parte se quema en antorchas o se reinyecta en los pozos, mientras el país sigue sufriendo apagones frecuentes.
Por eso la hoja de ruta arranca puertas adentro. En una primera etapa, los socios identificarán las obras necesarias para cubrir el consumo propio de Petroleos de Venezuela y transportar combustible a las centrales eléctricas. A mediano y largo plazo, evaluarán gasoductos y terminales de GNL de acceso abierto, financiados con capital privado, para que la empresa estatal venezolana y otros operadores puedan monetizar su gas sin que el Estado cargue con la inversión.
La compañía estadounidense no parte de cero: trabaja en Venezuela desde hace más de seis décadas y mantiene allí más de 1.200 sistemas de producción petrolera, la mayor flota de levantamiento artificial del país y unas 240 unidades de turbomaquinaria en 23 instalaciones.
El atajo de Trinidad
La exportación podría no requerir una planta nueva en suelo venezolano. Atlantic LNG, en Trinidad y Tobago, tiene capacidad ociosa debido al declive de sus propios yacimientos, y el campo venezolano Dragón, con unos 4,2 billones de pies cúbicos de reservas, está a pocos kilómetros de la infraestructura trinitense. Shell, que junto a la estatal NGC tiene una licencia venezolana de 30 años sobre Dragón, abrió este año la licitación para perforar cuatro pozos, con trabajos previstos para el segundo trimestre de 2027. El plan es enlazarlos a la plataforma Hibiscus, frente a la costa norte de Trinidad. Usar trenes de licuefacción ya construidos sería más rápido y más barato que construir una terminal propia.
Washington, el árbitro
Nada avanza sin la luz verde de Estados Unidos. Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de EE.UU. en enero y la reforma de la Ley de Hidrocarburos, el Tesoro emitió, desde ese mes, varias licencias generales que reabrieron el sector energético a la inversión extranjera. Aun así, Baker Hughes aclara que la alianza es solo un marco de cooperación: cada proyecto requerirá contratos definitivos, aprobaciones internas y autorización de la OFAC.
La pregunta de fondo es geopolítica: con Washington supervisando el petróleo venezolano, ¿se convertirá también el gas del país en otra fuente de suministro bajo control estadounidense?
