Audio: https://clyp.it/vexi0xzo
The Daily Journal. – En apenas una década, la presencia laboral venezolana en España pasó de ser una comunidad discreta a convertirse en una de las más relevantes del mercado de trabajo. Según las cifras oficiales de la Seguridad Social al cierre de octubre, 250.726 trabajadores procedentes de Venezuela están afiliados al sistema, frente a los 19.847 registrados en octubre de 2016. Es decir, la cifra se multiplicó por doce en diez años.
Estar «afiliado» o «cotizar» significa que esa persona trabaja de forma legal, ya sea como asalariado o por cuenta propia, y que tanto ella como su empleador aportan una parte de sus ingresos al sistema público que financia pensiones, bajas médicas, prestaciones por desempleo y atención sanitaria.
Con ese volumen, Venezuela se consolida como la cuarta nacionalidad extranjera con más trabajadores en España. Solo la superan Marruecos (446.584 afiliados), Colombia (399.294) y Rumanía (339.925).
El salto venezolano no es un fenómeno aislado, comenta EFE. Forma parte de una ola latinoamericana que ha transformado el empleo extranjero en el país. Los trabajadores de América Latina suman ya 1,34 millones de cotizantes, más de un tercio (36,4 %) de todos los extranjeros afiliados. En los últimos diez años se incorporaron 970.408 nuevos cotizantes latinoamericanos, lo que equivale a la mitad de todo el empleo extranjero generado en España en ese período.
Colombia es el otro gran motor de esta tendencia: multiplicó por siete sus afiliados hasta llegar a 399.294. Otras comunidades de la región, como Perú (151.300) y Honduras (86.789), quintuplicaron su presencia laboral en la última década.
La regularización, el gran acelerador
El crecimiento del último año tiene una explicación clara: el proceso extraordinario de regularización aprobado por el Gobierno español el 14 de abril de 2026. Una «regularización» es un mecanismo excepcional mediante el cual el Estado concede papeles a personas que ya viven en el país sin permiso de residencia, para que puedan trabajar y cotizar legalmente.
De acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la medida estaba dirigida a personas en situación irregular y a solicitantes de protección internacional (asilo) que estuvieran en España desde antes del 1 de enero de 2026 y que acreditaran al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida. La autorización concedida permite trabajar durante un año en cualquier sector y en cualquier lugar del país.
El impacto fue inmediato. Hasta finales de octubre, 490.586 personas extranjeras lograron darse de alta en la Seguridad Social gracias a este proceso, y el 43,3 % de ellas tienen nacionalidad venezolana o colombiana. Según el Migration Policy Institute, un centro de estudios especializado en migración, la convocatoria recibió cerca de 1,2 millones de solicitudes.
Para los venezolanos, la regularización llegó en un momento de cambio. El Gobierno español anunció que a partir del 30 de junio de 2026 dejaría de aplicar el mecanismo de residencia por razones humanitarias que, desde 2018, había permitido regularizar a unos 240.000 ciudadanos de Venezuela, según reseñó el medio venezolano El Diario.
Récord de trabajadores extranjeros
En el panorama general, España alcanzó un nuevo máximo histórico: 3.699.878 afiliados extranjeros de media, lo que equivale al 16,4 % de todos los trabajadores del país. Dicho de otra forma, uno de cada seis cotizantes en España es de origen extranjero.
Estas cifras llegan en un contexto en el que la gestión migratoria se mantiene como uno de los ejes centrales del debate político y electoral español.
Lo que sí reflejan los datos oficiales es un cambio demográfico de fondo: la diáspora venezolana, que hace diez años apenas aparecía en las estadísticas laborales españolas, es hoy una pieza visible del motor económico del país.
