Venezuela quema 1.400 millones de dólares al año en gas natural

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José Leonardo Salazar P.

La industria de hidrocarburos libera anualmente unos 13.000 millones de metros cúbicos de gas natural a la atmósfera debido a la extracción petrolera, posicionándose como el mayor emisor de metano fósil en Suramérica. Con el repunte del bombeo y los nuevos convenios operativos proyectados, este pasivo ambiental y financiero amenaza con agravarse si no se invierte en infraestructura de captura y reinyección.

El sector petrolero venezolano atraviesa un escenario de contrastes marcados entre la reactivación de sus operaciones y un pasivo ambiental que le cuesta al país miles de millones de dólares. De acuerdo con registros satelitales e informes de organismos internacionales como la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial, Venezuela libera cada año cerca de 13.000 millones de metros cúbicos de gas natural a través de la quema en mechurrios, el venteo directo y las fugas en sus instalaciones.

Este volumen equivale a desperdiciar, aproximadamente, el 25% de toda la producción gasífera nacional, concentrándose principalmente en el norte del estado Monagas, la cuenca del Lago de Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco.

Con esta dinámica, el país aporta cerca del 45% de todas las emisiones de metano del sector de combustibles fósiles de Centro y Suramérica, ubicándose además entre las nueve naciones que más gas queman en el planeta, con una intensidad contaminante hasta diez veces superior al promedio mundial.

El origen de esta práctica se remonta a los inicios de la explotación comercial de hidrocarburos en territorio venezolano, durante las décadas de 1910 y 1920, cuando el gas asociado al crudo era tratado simplemente como un subproducto sin valor comercial. Si bien a partir de la segunda mitad del siglo XX el país desarrolló una infraestructura de plantas compresoras e inyección para aprovechar este recurso, la tendencia se revirtió drásticamente desde mediados de la década de 2010 debido a la caída de las inversiones, el deterioro operativo y la falta de gasoductos.

Según cálculos de firmas especializadas en monitoreo satelital como Capterio, la incineración y fuga de este hidrocarburo se traduce en un lucro cesante de alrededor de 1.400 millones de dólares cada año. En la última década, Venezuela ha perdido entre 12.000 y 14.000 millones de dólares en recursos energéticos, literalmente esfumados en el aire, una paradoja severa para una nación que sufre déficits crónicos y severos en el suministro de gas doméstico, industrial y termoeléctrico.

El impacto climático de este despilfarro va mucho más allá de las cifras financieras y es alarmante, la combustión en los mechurrios genera anualmente entre 16 y 20 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, pero la mayor amenaza es el metano que escapa sin quemarse por completo debido a fallas de mantenimiento o condiciones climáticas.

Este gas posee un potencial de calentamiento global más de 80 veces superior al del dióxido de carbono y suele liberarse acompañado de carbono negro y compuestos orgánicos volátiles.

En conjunto, las emisiones directas y la quema de la actividad petrolera llegan a representar entre el 40% y el 80% de todos los gases de efecto invernadero que produce Venezuela, comprometiendo seriamente los objetivos ambientales nacionales y regionales.

Frente a este panorama, especialistas del sector coinciden en que la salida más viable y rentable radica en ejecutar un plan integral de captura, compresión y monetización del gas en sitio. Esta estrategia pasa por tres acciones prioritarias: reparar las fugas en válvulas y tuberías deterioradas y reactivar las plantas compresoras para reinyectar el gas en los yacimientos, lo que a su vez aumenta la presión y mejora la extracción de crudo; instalar plantas termoeléctricas modulares o microturbinas a boca de pozo para abastecer el sistema eléctrico nacional y procesar los líquidos del gas natural para obtener propano y butano, cubriendo así la demanda interna de gas licuado de petróleo.

Sin embargo, las perspectivas reales de lograr este giro enfrentan una prueba decisiva tras la profunda reconfiguración que vive el sector petrolero venezolano en 2026. Con la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la firma del acuerdo marco energético entre Estados Unidos y Venezuela, que contempla el esquema del Fondo Petrolero y la concesión de 17 campos con reservas de 65.000 millones de barriles a la firma North American Blue Energy Partners (NABEP) y la suscripción de unos 80 nuevos convenios operativos por parte de Pdvsa, se proyecta un flujo de inversiones de hasta 100.000 millones de dólares a largo plazo y un repunte de la producción hacia los 1,3 o 1,5 millones de barriles diarios entre finales de este año y 2027.

Aunque este nuevo ciclo abre puertas para incorporar metano al sistema eléctrico y reactivar negociaciones de exportación por gasoducto hacia países vecinos como Colombia, persisten serios riesgos operativos. Si el aumento en el bombeo de crudo no viene acompañado de una inversión inmediata en infraestructura de compresión y transporte, Venezuela corre el riesgo de incrementar aún más el volumen total de gas enviado a la atmósfera, perpetuando una pérdida económica y, sobretodo, ecológica de proporciones históricas.

En este proceso de reactivación de la industria petrolera no todo puede ser medido en campos verdes y maduros activos, empleos generados y ganancias estimadas, nos haremos un gran daño si no prestamos atención y nos ocupamos de enfrentar esta crisis estructural. Debemos dejar de mirar hacia otro lado, cuando se trata el delicado tema de los pasivos ambientales petroleros.

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