Luis Contreras.- La imagen del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, estrechando la mano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores este 18 de noviembre, quedará registrada como una de las postales más controvertidas de la política contemporánea venezolana. Apenas unas horas antes de este encuentro, desde Manila y junto al presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., el mandatario estadounidense Donald Trump encendió el debate internacional al referirse a Venezuela como «nuestra nueva adquisición» mientras destacaba la capacidad energética de su país, añadiendo que «fue una adquisición, le guste a la gente decirlo o no».
A diez meses de la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, el contraste entre las declaraciones de la Casa Blanca y la narrativa histórica del oficialismo venezolano resulta profundo. Quienes durante más de dos décadas sostuvieron su discurso político sobre el «antiimperialismo» y la «defensa irrestricta de la soberanía nacional» reciben hoy en la sede de gobierno al jefe del Pentágono para formalizar la reanudación de la cooperación técnico-militar tras más de dos décadas de ruptura. Para los sectores críticos de este giro, no se trata de una simple normalización diplomática, sino de un acuerdo ejecutado al margen de la consulta ciudadana y en tensión directa con la Constitución de 1999.
Desde la perspectiva de Washington, la estrategia responde a una lógica de seguridad hemisférica y liderazgo energético. El viaje de Hegseth a Caracas acompañado por una delegación militar y diplomática, en el marco de una gira regional que incluye escalas en países como Colombia refleja que las prioridades inmediatas de la administración Trump pasan por el control antinarcóticos en el Caribe, la estabilidad regional y el resguardo de los acuerdos petroleros alcanzados tras los acontecimientos de comienzos de año. En lugar de impulsar una transformación institucional inmediata, Estados Unidos ha optado por establecer una relación operativa directa con la estructura de gobierno actual en Caracas.
Este escenario pone en evidencia una fuerte contradicción en torno al concepto de soberanía nacional. Mientras los comunicados oficiales de Miraflores subrayan que el encuentro con Hegseth se desarrolla «bajo el estricto respeto a la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial y el ordenamiento jurídico del país», las palabras de Trump en Asia presentan a Venezuela como un activo integrado a la órbita energética estadounidense. Durante años, el chavismo empleó la defensa de la soberanía como argumento central frente a cualquier escrutinio externo; hoy, el Ejecutivo interino promueve la cooperación castrense con el Departamento de Guerra norteamericano sin ofrecer respuestas públicas frente a las afirmaciones del mandatario estadounidense.
Juristas y analistas constitucionales han señalado que este acercamiento plantea serias fricciones con disposiciones fundamentales de la Carta Magna de 1999:
• El debate sobre los plazos electorales (Artículos 233 y 234): El artículo 233 establece que ante la falta absoluta del presidente, el encargado debe convocar elecciones universales, directas y secretas en un plazo de treinta días. A diez meses de la captura de Maduro, diversos sectores cuestionan que el interinato prolongue su gestión bajo la interpretación de una ausencia temporal (artículo 234), comprometiendo la política exterior y de defensa sin una nueva legitimación en las urnas.
• La reserva parlamentaria y la integridad territorial (Artículos 13, 154 y 187): El artículo 187, numeral 11, atribuye exclusivamente a la Asamblea Nacional la facultad de autorizar misiones militares extranjeras en el país, mientras que el artículo 154 exige aprobación legislativa para los tratados internacionales. Al suscribirse entendimientos técnico-militares directamente desde el Ejecutivo con la participación del ministro de Defensa Gustavo González López, críticos advierten sobre la ausencia de control parlamentario y los límites impuestos por el artículo 13 respecto a la jurisdicción territorial.
• La doctrina de la Fuerza Armada (Artículos 326 y 328): La transición desde una doctrina oficial centrada en la defensa frente a potencias extranjeras hacia programas de cooperación técnico-militar con el Pentágono genera interrogantes sobre la coherencia institucional y el principio constitucional de autonomía estratégica de la FANB.
A este panorama se suma un factor determinante en la dinámica política interna: la parálisis y el bajo perfil de las élites políticas y económicas venezolanas. Diversos sectores de la oposición tradicional y factores empresariales han mantenido una postura cautelosa frente al tutelaje bilateral. Quienes durante años exigieron el estricto cumplimiento de la Constitución y denunciaron la vulneración de la institucionalidad hoy evitan confrontar las declaraciones de Trump en Manila o exigir públicamente el control parlamentario de los acuerdos militares, priorizando el cálculo político o la expectativa de participación en la reactivación económica y petrolera.
De este modo, el acuerdo entre Caracas y Washington parece sostenerse sobre un equilibrio pragmático pero jurídicamente vulnerable. Al amparo de los artículos 25 y 138 de la Constitución que establecen la nulidad de los actos dictados en contravención del texto constitucional o sin la debida autoridad, los compromisos asumidos sin el respaldo de los mecanismos previstos en la Carta Magna quedan expuestos a futuros cuestionamientos institucionales.
Mientras la Casa Blanca prioriza el control energético y la seguridad regional, el Ejecutivo interino busca estabilidad operativa y las élites internas aguardan su porción en silencio, la historia contemporánea nos deja una lección ineludible: los pueblos que renuncian a su dignidad en los altares de la conveniencia efímera terminan descubriendo que la soberanía no se negocia ni se tasa en despachos extranjeros. Ninguna «adquisición» impuesta por la fuerza de los cañones ni ningún pacto de cúpula firmado de espaldas a la ciudadanía podrán jamás borrar el mandato sagrado de una nación libre. Al final del día, los imperios pasan, los gobiernos transitorios se disuelven, pero la conciencia soberana de un pueblo dispuesto a hacerse respetar siempre encuentra el camino para recordar que la patria no es un botín, sino un destino que se decide con libertad y orgullo propio.
