The Daily Journal – Un grupo de 36 militares detenidos por razones políticas en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, cumple este martes 17 de noviembre nueve días en huelga de hambre indefinida. Exigen su liberación, el fin de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes.
Según un balance de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), tras superar las 160 horas de ayuno, los huelguistas presentan descompensaciones, dolores estomacales, mareos, náuseas, debilidad y desorientación. Al menos 18 de ellos sufren complicaciones por enfermedades previas, como hipertensión, diabetes y arritmias cardíacas.
El caso más grave es el del sargento Luis Alfredo Lobo Medina. Fue trasladado de emergencia al Hospital Militar el 14 de noviembre y luego devuelto al penal. Un día antes, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) había reportado que ocho huelguistas se descompensaron y necesitaron hidratación médica.
Las dos mujeres que participan en la protesta pidieron con urgencia agua potable, sueros de hidratación, protectores gástricos y una evaluación médica presencial. Se trata de la primer teniente Carla Antón y la sargento segundo Yusimar Montilla, vinculadas al caso Gobernación de Monagas, un supuesto complot contra la entonces gobernadora del estado Yelitze Santaella.
Sin agua, sin baños y sin visitas
Familiares y ONG denunciaron que, tras el inicio de la huelga, se cerró el acceso entre la torre y el patio del penal, lo que dejó a los huelguistas sin agua potable ni baños. Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, contó que se hidratan con el agua que usa el personal de la cárcel para regar las plantas.
Según JEP, las autoridades también suspendieron las visitas para los 235 detenidos de Ramo Verde y desplegaron efectivos antimotines después de un cacerolazo dentro del recinto.
Una condena cumplida y un juicio anulado
La protesta comenzó el lunes 9 de noviembre con 21 sargentos de la Guardia Nacional del caso Cotiza, a los que luego se sumaron otros oficiales y las dos militares. Los sargentos fueron detenidos tras el alzamiento del 21 de enero de 2019 en un comando de la GNB en Cotiza, Caracas. Según el OVP, en ese hecho los funcionarios robaron armas de guerra y secuestraron a otros cuatro agentes.
Sus familiares aseguran que cumplieron la condena de siete años y nueve meses el 24 de octubre, pero los tribunales no emitieron las boletas de excarcelación. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había anulado el juicio para repetirlo desde cero. La defensa notificó la huelga ante el Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo y pidió su libertad mediante la Ley de Amnistía. El tribunal tiene 15 días hábiles para responder.
El reclamo se extiende a todo el penal. El sábado 14 de noviembre, la líder opositora María Corina Machado difundió una carta de más de 150 militares presos en Ramo Verde que denuncian irregularidades judiciales. Piden, entre otras cosas, la liberación de quienes ya cumplieron sus penas. Según el Foro Penal, los huelguistas forman parte de los 322 detenidos por razones políticas en Venezuela.
Silencio oficial
JEP, el OVP y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) exigieron atención médica inmediata e independiente, condiciones básicas de supervivencia y que los militares sean incluidos en futuras excarcelaciones.
Hasta la fecha no ha habido pronunciamiento oficial ni reporte médico actualizado de las autoridades. Tampoco se conoce ninguna visita al penal de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público o diputados para escuchar a los detenidos.
