El juez de juicio no debería conocer la investigación antes del debate oral
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Winston Oráa. Abogado penalista, especialista en delitos económicos
Hay principios tan elementales en la formación de un abogado que resulta innecesario explicarlos. Sin embargo, muchas distorsiones de la justicia nacen precisamente de su abandono. Uno de ellos sostiene que todo el sistema acusatorio se basa en que las funciones de investigar, acusar, defender y juzgar están separadas, y que la convicción del juzgador se forma en el juicio, no antes.
El modelo de referencia
En Estados Unidos, particularmente en la jurisdicción penal federal, el juicio se prepara mediante el descubrimiento de pruebas (discovery). Antes del debate, la fiscalía entrega a la defensa las pruebas que planea usar y aquellas que puedan favorecer al acusado. Así, fiscal y defensor llegan al juicio conociendo la misma prueba. La investigación queda a cargo de las partes y no se consigna ante el tribunal.
El jurado nunca conoce la investigación; si llegara a verla, el juicio podría anularse. Incluso cuando decide un juez sin jurado, este no recibe el expediente. Solo conoce una prueba excluida si él mismo la examinó para excluirla; se presume que sabe descartarla.
La práctica venezolana
El Código Orgánico Procesal Penal reconoce la oralidad, la inmediación, la contradicción y la igualdad procesal. Sin embargo, el procedimiento prevé que el tribunal de juicio reciba las actuaciones.
Así, el juez puede conocer de antemano los materiales de investigación, incluidas las actuaciones anuladas o las pruebas excluidas. ¿Conserva su imparcialidad si ya se ha formado una impresión sobre la culpabilidad? La exclusión jurídica de una prueba no borra la impresión psicológica que dejó. Y aquí no hay jurado que equilibre la balanza: lo que en Estados Unidos un juez conoce de forma incidental, aquí lo recibe por mandato legal.
El expediente en las manos equivocadas
En nuestra práctica, el expediente lo tiene quien solo debería juzgar y le falta a quien debe defender. Lo tienen el fiscal y el juez; el defensor no. Para la defensa, obtener copia de una experticia, de un acta de entrevista o de cualquier otra actuación es una tarea extremadamente compleja: las solicitudes no se atienden y, en algunos casos, se deniega la copia.
El resultado afecta a la vez la imparcialidad y la igualdad. Tenemos un juzgador que conoce de antemano la tesis acusatoria y una defensa que llega al debate con menos información que quien la va a juzgar.
La concentración diluida
El problema se agrava por la duración de los juicios. El principio de concentración exige un debate continuo, para que el juez decida con la memoria fresca de lo que vio y oyó en sala. Cuando las audiencias se suspenden una y otra vez, lo percibido se desvanece y lo que permanece es el expediente. La sentencia termina apoyándose en lo que el juez leyó, no en lo que presenció.
La fórmula idónea
Al juez le basta el expediente para orientar su convicción y luego, supuestamente, motivar con lo debatido en sala. Por eso el remedio debe ser preventivo. El juez del juicio no debería recibir el expediente de investigación, y la defensa debería tener acceso oportuno y completo a dicho expediente. No se trata de importar instituciones extranjeras, sino de aplicar los principios que justifican el sistema acusatorio.
En definitiva, el sistema acusatorio se resume en una regla: el expediente es de las partes y el juicio es del juez. Mientras en Venezuela esa regla siga invertida, el debate oral será una formalidad y la presunción de inocencia, una promesa pendiente.
