José Leonardo Salazar
El ecosistema xerófilo del estado Lara ha perdido cerca de 500 mil hectáreas en las últimas décadas debido a la tala indiscriminada. Mientras las comunidades denuncian el avance de la desertificación y falta de respuestas oficiales, los ambientalistas exigen medidas urgentes para frenar una crisis ecológica y social.
Uno de los ecosistemas más singulares del país enfrenta una amenaza silenciosa pero devastadora. El semiárido del estado Lara, un bosque xerófilo que cubre más del 40 % de la entidad, ha perdido hasta el 50 % de su cobertura vegetal, pasando de un millón de hectáreas registradas en 1989 a apenas unas 500 mil en la actualidad.
Detrás de esta pérdida masiva se esconde un negocio en expansión: la producción y exportación de carbón vegetal. Para obtener una sola tonelada de este producto, se sacrifican hasta cinco toneladas de maderas nativas de lento crecimiento, como el cují, la vera, el curarí, el semeruco y el tamarindo, que son incineradas en hornos artesanales para convertirlas en carbón.
De acuerdo con denuncias de movimientos ecológicos regionales, en la zona operan alrededor de 24 empresas carboneras, pero solo seis cuentan con permisos formales de aprovechamiento forestal. El resto funciona mediante una red informal donde intermediarios entregan motosierras a pobladores en situación de vulnerabilidad económica, estableciendo un sistema de explotación social y ambiental contradictorio con el modelo ecosocialista. Posteriormente, la madera extraída de manera ilegal se empaqueta para ser enviada a mercados internacionales como Estados Unidos, Turquía, Líbano y España.
El municipio Torres concentra el mayor impacto de esta actividad. En la parroquia Reyes Vargas se estima que el 70 % del bosque seco ha sido deforestado, mientras que en Camacaro la pérdida alcanza el 60 %. Otras parroquias como Castañeda, Espinoza de los Monteros, Chiquinquirá y Altagracia, con énfasis en los sectores El Cardonalito y San Félix, también exhiben paisajes desolados.
La crisis se extiende hacia los municipios Iribarren, especialmente en la parroquia Agüedo Felipe Alvarado, y Jiménez. Incluso áreas bajo régimen de administración especial, como el Parque Nacional Cerro Saroche, han sufrido la incursión de la tala ilegal.
Ante el avance de la deforestación, organizaciones como el Frente Ecológico Larense, el Movimiento Ambientalista Cotoperí y el Movimiento Ambientalista Cerro Saroche han emprendido una batalla legal y social. Los activistas han acudido ante la Fiscalía Superior del estado Lara y el Ministerio Público para solicitar medidas cautelares que detengan la depredación.
Al mismo tiempo, la organización Clima21 documentó en informes técnicos cómo esta explotación vulnera los derechos humanos ambientales y el bienestar de los habitantes, quienes sufren afecciones respiratorias por el humo de los hornos y denunciaron presuntos amedrentamientos por oponerse a la tala.
A la par, docentes de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco (UPTAEB) y vecinos han realizado protestas frente a la Gobernación de Lara y campañas radiales para exigir al Ministerio para el Ecosocialismo (MINEC) los estudios de impacto ambiental y la revisión de las concesiones.
Sin embargo, los defensores del ambiente señalan una marcada inacción institucional. Aseguran que existe una denegación de justicia tras años de denuncias sin sanciones ni inspecciones efectivas en el terreno.
Las proyecciones para el semiárido larense son alarmantes. Sin la sombra de los árboles nativos, la temperatura del suelo puede elevarse hasta los 65 grados centígrados, acelerando la evaporación de los acuíferos y la salinización de la tierra. De mantenerse este ritmo, el bosque xerófilo se convertirá en un desierto irreversible.
Las consecuencias humanas ya comienzan a sentirse: la escasez de agua, el declive de la cría caprina y la degradación de los suelos amenazan con provocar el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas. Frente a este escenario, los ambientalistas insisten en que la solución pasa por sustituir la economía del carbón por una pequeña agroindustria familiar sostenible, basada en el aprovechamiento racional de especies propias de ese ecosistema, como la sábila, el sisal, el agave cocuy, los cardones y el orégano, que pueden cultivarse sin necesidad de derribar los árboles que sostienen la vida en el semiárido y promoviendo sistemas productivos en consonancia con ese ecosistema.
Las autoridades tienen la última palabra, asumir la responsabilidad que por ley les corresponde para salvaguardar la vida, haciendo prevalecer el interés colectivo por encima del afán de lucro de un modelo extractivista depredador y que solo beneficia a unos pocos.
