The Daily Journal – En entrevista con el programa Punto de Corte, el exalcalde mayor de Caracas y coordinador del Movimiento Redes, Juan Barreto, planteó una hoja de ruta para la transición política venezolana centrada en el desmontaje del aparato represivo, la intervención internacional del Poder Judicial, la justicia transicional sin impunidad y la reorientación del gasto militar hacia la atención social.
Durante su conversación con el periodista Nicmer Evans, el doctor en Ciencias Sociales, periodista y exparlamentario Juan Barreto expuso un severo diagnóstico del panorama institucional venezolano. Barreto aseveró que en Venezuela no existen instituciones autónomas, sino una estructura «mineralizada» en la que el Estado, el partido de gobierno, las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales se han amalgamado en una cofradía que opera al margen de la ciudadanía y de las leyes.
Según Barreto, el régimen de Nicolás Maduro incurrió en una usurpación de la soberanía popular al desconocer la legitimidad de origen dada por los ciudadanos, transformando la estructura estatal en una dinámica equivalente a una «banda armada» que controla territorio y población por la vía de la fuerza. Esta confiscación interna debilitó la soberanía nacional y terminó activando la intervención directa de factores externos.
En el contexto posterior al 3 de enero, el dirigente caracteriza la coyuntura como una situación de «tutelaje» derivada de la acción militar ejercida por Estados Unidos. A su juicio, aunque este evento trajo como efecto colateral una apertura precaria y la liberación de algunos presos políticos, el poder sigue siendo administrado de forma compartida por los mismos factores gobernantes dentro de nuevas reglas de juego impuestas desde el exterior.
Intervención y desmontaje del sistema policial y judicial
Frente a la petrificación de la estructura represiva, Barreto enfatizó que la reinstitucionalización del país es inviable mediante reformas superficiales o comicios aislados. Por ello, propuso formalmente un Acuerdo Nacional para Intervenir y Reestructurar el Sistema Policial-Judicial, integrado por reformas profundas en la administración de justicia, la seguridad ciudadana y la reasignación presupuestaria del Estado.
En materia de reformulación del Poder Judicial, Barreto argumentó que tribunales e instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral funcionan como meros cascarones vacíos subordinados al poder político. Para restaurar la independencia judicial, plantea solicitar la asistencia y supervisión internacional de la Organización de las Naciones Unidas y de esquemas de justicia transicional, incorporando jueces transitorios internacionales que den soporte legal y garanticen la renovación del sistema. Asimismo, propone promover una reforma constitucional que permita la elección directa por voto popular de los jueces y fiscales del país, democratizando la administración de justicia de abajo hacia arriba.
En relación con la depuración policial, el dirigente abogó por una intervención radical de los organismos de seguridad para erradicar la extorsión conocida como «matraqueo», las detenciones arbitrarias y el terrorismo estatal. Esta medida contempla el desmantelamiento de la estructura policial represiva, la revisión integral de la doctrina militar y policial, y la evaluación abierta para solicitar el despliegue de una misión de paz de Cascos Azules de la ONU que garantice la seguridad ciudadana durante el proceso de transición.
Adicionalmente, el coordinador de Redes criticó severamente el uso del presupuesto público en defensa y partidas secretas, proponiendo la creación de un fondo social alimentado por la reorientación del gasto militar y policial. Dichos recursos serían destinados de manera prioritaria a la dignificación salarial de los educadores, de los trabajadores públicos y a la atención inmediata de los servicios básicos e infraestructura social del país.
Rendición de cuentas y justicia transicional
En cuanto al debate sobre la reconciliación nacional, Barreto rechazó de plano cualquier propuesta fundada en el «borrón y cuenta nueva». El dirigente subrayó que una paz duradera exige verdad, transparencia, rendición de cuentas y la debida reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Para materializar este esquema de justicia transicional, la propuesta establece medidas concretas en tres ámbitos esenciales. En el plano patrimonial, contempla una auditoría obligatoria y rigurosa sobre los bienes y fortunas de todos los funcionarios y exfuncionarios públicos, electos y no electos, extendiéndose a sus familiares directos. En el ámbito penal, exige la apertura de investigaciones de oficio para evaluar la responsabilidad de Nicolás Maduro, su entorno familiar, ex fiscales generales y ex defensores del pueblo ante denuncias de tortura, allanamientos ilegales y abusos estatales. Todo este proceso, remarcó Barreto, debe realizarse bajo estrictas garantías procesales que aseguren el debido proceso, la presunción de inocencia y el pleno derecho a la defensa de los investigados.
La inviabilidad del retorno de Maduro
En su análisis del escenario político actual, Barreto descartó de forma categórica la posibilidad de una restitución de Nicolás Maduro en el ejercicio del poder. Señaló que el expresidente constituye en este momento el principal triunfo político-militar de Donald Trump, lo que coloca a Maduro en una posición de extrema debilidad institucional que lo obliga a colaborar e investigar.
Aunado a ello, el dirigente destacó que en la sociedad venezolana se ha tejido una compleja trama de nuevos actores, alianzas socioeconómicas y poderes de facto que imposibilitan el retorno del esquema gubernamental anterior, marcando un punto de no retorno en la dinámica política del país.
La Escalera de la Unidad
Como método para viabilizar la transición democrática, Barreto presentó la «Escalera de la Unidad», una estrategia de articulación política orientada a construir consensos de abajo hacia arriba en función de las necesidades reales de la población.
Esta iniciativa contempla en primer lugar la convocatoria urgente a una semana electoral con comicios generales agrupados para renovar de manera simultánea la Asamblea Nacional, las gobernaciones, las alcaldías y los concejos municipales. En segundo lugar, propone la restitución plena de los derechos políticos de dirigentes inhabilitados y la anulación de las medidas judiciales contra organizaciones políticas como el Movimiento Redes, cuya inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia fue calificada por Barreto como una grave vulneración a los derechos de las comunidades políticas.
Finalmente, la propuesta impulsa la firma de un pacto programático por la calidad de vida que convoque a un acuerdo unitario entre diversos sectores sociales, la oposición y el chavismo disidente. Este acuerdo tendría como prioridades la defensa del salario digno, el restablecimiento de los servicios públicos y la garantía de los derechos democráticos fundamentales. Barreto concluyó reafirmando su disposición a dialogar y acordar propuestas concretas con todos los factores políticos del país, incluida María Corina Machado, bajo relaciones de respeto e igualdad, sosteniendo que la reconstrucción nacional requiere desmantelar las estructuras represivas y edificar una justicia transparente e independiente.
