Neirlay Andrade
Pensar la transición política en una Venezuela bajo tutela extranjera se ha convertido en unos de los ejercicios de análisis más recurrentes de los últimos meses. Para Deborah Van Beker, codirectora de Ideas por la Democracia, hay un actor clave: la ciudadanía. En su opinión, cualquier proceso de cambio político en Venezuela debe garantizar la participación activa de la sociedad civil y de los movimientos sociales, y no limitarse a las decisiones que adopten los actores políticos en las mesas de negociación.
Recientemente, durante un foro organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), la activista sostuvo que la sociedad civil debe ser reconocida como un actor con capacidad de incidir en las transformaciones institucionales, políticas y sociales del país.
“Este proceso que vive Venezuela de cambio no será posible si la ciudadanía, las organizaciones de sociedad civil y los movimientos sociales no son protagonistas, parte del proceso, sujetos políticos de cambio”, expresó Van Beker. Insistió en que estos sectores no pueden quedar como “espectadores de decisiones externas a su ámbito, externas a su posibilidad de información, de conocimiento, debate y de tomar parte de esos procesos”.
La representante señaló que la participación ciudadana enfrenta las consecuencias de años de cierre de espacios cívicos, persecución y criminalización de las organizaciones. “El cierre de las posibilidades de la existencia misma de las organizaciones ha sido una política de Estado, una política del Estado contra la ciudadanía, contra las organizaciones”, sostuvo.
A su juicio, la recuperación de esos espacios no ocurrirá automáticamente con un cambio político. “La ciudadanía ha descubierto que si no se activa y sigue en una acción de exigibilidad, nadie le va a regalar un espacio para tener parte en esta dinámica de cambio”, afirmó.
Van Beker también cuestionó la legitimidad de las autoridades y sostuvo que la crisis institucional no se resuelve únicamente con la apertura de un proceso de transición. Recordó que antes del 3 de enero el país ya atravesaba una situación de ilegitimidad, debido al desconocimiento de los resultados electorales, y afirmó que las autoridades que asumieron posteriormente tampoco cuentan con legitimidad de origen ni de desempeño.
“Las elecciones son un elemento clave para recuperar la legitimidad, pero simultáneamente [debe existir] una exigibilidad de todos los derechos civiles y políticos que han sido violados en este país”, señaló.
En ese sentido, advirtió que el cumplimiento de la Constitución no puede convertirse en una materia de negociación cotidiana entre los actores políticos. “Estamos como una nación fuera de la Constitución”, dijo, al cuestionar que asuntos como el nombramiento de jueces se discutan al margen de los criterios establecidos en el texto constitucional.
Consideró que, si esa dinámica se normaliza y es aceptada por la ciudadanía y los actores políticos, será más difícil avanzar hacia una transformación democrática. Aunque reconoció la necesidad de diálogo, negociación y acuerdos políticos durante una transición, alertó sobre el riesgo de que esos entendimientos terminen reproduciendo prácticas antidemocráticas.
“Eso no significa una dinámica que lo que haga es, de alguna manera, generar espacio para reconstituir las prácticas antidemocráticas con un nuevo perfil y con una idea de que se está avanzando cuando no es así”, advirtió.

La negociación no puede ser el único espacio de decisión
Van Beker consideró que la mesa de negociación debe tener oportunidad de desarrollar su agenda, pero insistió en que no puede convertirse en el único mecanismo para definir el futuro del país. Señaló que existen otros espacios de negociación, particularmente en materia económica, cuyos contenidos y decisiones no son conocidos por la población.
“Hay espacios donde se está definiendo la vida económica de Venezuela, en la cual los venezolanos no podemos tener discusión”, afirmó. Agregó que, paralelamente, persiste una vulneración de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que tampoco está siendo abordada en una discusión pública con participación de todos los sectores.
Frente a ese escenario, explicó que un conjunto de organizaciones de la sociedad civil comenzó a trabajar en una agenda de seguimiento a los cambios institucionales, con especial atención a la justicia. Aclaró que su papel no consiste en ocupar un puesto en la mesa de negociación, sino en ejercer funciones de vigilancia y contraloría ciudadana.
“Nuestro rol no es ser miembro de la mesa, pero sí podemos ser vigilantes, podemos ejercer nuestro derecho de información, nuestro derecho de transparencia, nuestro derecho de consulta y de aportes a esos procesos”, explicó.
Como parte de ese trabajo, las organizaciones elaboraron un conjunto de indicadores —denominado el «termómetro»— para evaluar los avances del proceso de cambio. Entre los criterios incluyeron el cese de la represión, la rendición de cuentas, la reforma institucional, la protección del espacio cívico y la derogación de leyes restrictivas.
Van Beker indicó que, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en agosto, presentaron los resultados de ese seguimiento y señalaron que ninguno de los indicadores mostraba avances.
“Para nosotros el proceso de institucionalización se planteaba en unos términos que no atendía estos indicadores fundamentales de parte de la sociedad civil”, afirmó. Por ello, sostuvo que las organizaciones continuarán con el monitoreo y la exigencia pública para que esos asuntos sean incorporados a la agenda de transformación.
Reformas institucionales y elecciones en 2027
Entre las propuestas impulsadas por las organizaciones mencionó la apertura del espacio cívico, la transformación del sistema de justicia y el establecimiento de criterios transparentes para la selección de magistrados y autoridades electorales.
Explicó que se elaboró una matriz para evaluar los requisitos que deberían cumplir los integrantes de los comités de selección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. También mencionó la elaboración de baremos para orientar la designación de jueces y rectores electorales.
Van Beker advirtió que la reforma del sistema judicial no debe limitar ni retrasar los cambios en el poder electoral, pues este organismo debe garantizar las condiciones para celebrar elecciones libres, transparentes y justas.
En ese contexto, planteó que la ciudadanía exige la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias en 2027. Rechazó que se prioricen primero los comicios regionales y municipales si esa decisión posterga la renovación de los poderes nacionales.
“La exigencia de la ciudadanía es que haya elecciones en el 2027”, afirmó. Añadió que “no se puede retrasar un proceso de elección popular de la Presidencia de la República y, por supuesto, el segundo término de la Asamblea Nacional”.
Para Van Beker, la gobernabilidad requiere una transformación política y social que incorpore a la población y no desconozca sus demandas. “No somos miembros de la mesa, pero creemos que somos esa cuarta pata invisible que le da fortaleza a la mesa, que le completa la agenda”, expresó.
Los cambios deben sentirse en la vida cotidiana
La representante insistió en que el proceso de transformación no puede limitarse a las reformas institucionales ni a los acuerdos políticos. Señaló que en las calles también se expresan demandas de trabajadores y movimientos sociales relacionadas con los salarios, la salud, la educación y las condiciones de vida.
“Una gran parte de la transformación que quiere este país” se está reclamando desde esos sectores, indicó. Advirtió que, mientras la población no perciba mejoras concretas en su vida cotidiana, difícilmente confiará en los cambios que se anuncien en el plano institucional.
“Mientras no vea cambios allí, no va a creer en los cambios que se planteen en términos institucionales o en términos que están fuera del alcance de comprender que eso tiene un significado real para una mejor calidad de vida”, sostuvo.
Van Beker reiteró que la sociedad civil debe contar con condiciones para participar, acceder a información y presentar propuestas sobre el rumbo del país. “Exigimos participación, exigimos transparencia, exigimos acceso a información pública”, manifestó.
También reclamó espacios efectivos para fortalecer las capacidades de las organizaciones y permitir que la ciudadanía cumpla un papel activo en el proceso. “Si no hay apertura del espacio cívico, ¿cómo la ciudadanía puede participar y ser parte de los cambios institucionales?”, preguntó.
