Los sindicatos reclamaron que los aguinaldos se calculen sobre las remuneraciones integrales, el pago de beneficios al personal activo y jubilado y la discusión de nuevas tablas salariales. Advirtieron que podrían paralizar centros de salud si no reciben respuestas.
The Daily Journal.- Organizaciones sindicales de los sectores de salud y educación entregaron este martes más de 40.000 firmas en el Palacio de Miraflores, en Caracas, para exigir una recuperación de los ingresos de los trabajadores públicos y el cumplimiento de sus derechos laborales, en un contexto marcado por el deterioro del salario mínimo y el predominio de las bonificaciones en la remuneración estatal.
La movilización estuvo encabezada por representantes de organizaciones gremiales que presentaron un documento con demandas salariales y laborales. Entre las principales exigencias figura que el pago de fin de año se calcule sobre la remuneración integral mensual, en lugar de limitarse a las bonificaciones que reciben actualmente los empleados públicos.
Llos trabajadores también solicitaron el pago inmediato del bono de responsabilidad profesional para el personal técnico y obrero de salud y educación, tanto activo como jubilado, así como la discusión de nuevas tablas salariales con participación de las organizaciones sindicales.
Ana María Velásquez, presidenta de la Federación de Colegios Nacionales de Enfermería, reclamó la recuperación del salario, la revisión del cálculo de los aguinaldos, la extensión de los beneficios profesionales a los jubilados y el pago de una doble remuneración a quienes desempeñan dos cargos. También pidió mayor transparencia en los mecanismos de pago de la nómina pública.
Por su parte, Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, exigió mejoras en los ingresos del magisterio, la nivelación del bono de profesionalización para los jubilados y el reconocimiento de los beneficios correspondientes al personal docente. Asimismo, cuestionó la falta de reuniones entre las autoridades educativas y las organizaciones sindicales para discutir las convenciones colectivas.
Rechazo a las bonificaciones
Los manifestantes cuestionaron la política de remuneración basada en bonificaciones que el Ejecutivo ha aplicado durante los últimos años. De acuerdo con la información difundida durante la jornada, dos pagos de bonificaciones de fin de año suman 240 dólares, abonados en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
El reclamo tiene como trasfondo el reducido poder adquisitivo de los ingresos laborales. El salario mínimo legal venezolano permanece en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022 y sirve de referencia para distintas escalas salariales del sector público.
Los sindicatos sostienen que el peso de las bonificaciones limita la recuperación de los ingresos y no sustituye los beneficios vinculados al salario. Por ello, reclaman una remuneración suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
En agosto, una familia venezolana de cinco integrantes necesitó 755,36 dólares para cubrir sus gastos de alimentación, según cálculos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), difundidos en septiembre.
Sindicatos advierten sobre posibles paralizaciones
Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de FETRASALUD, llamó a unificar las demandas laborales por encima de las diferencias políticas y cuestionó la falta de respuestas concretas de las autoridades. También expresó preocupación por posibles cambios legales que, a su juicio, podrían afectar derechos adquiridos, entre ellos la retroactividad de las prestaciones sociales.
Por su parte, Mauro Zambrano, coordinador de la Red Sindical Venezolana y de Monitor Salud, advirtió que los trabajadores podrían convocar un paro activo en los centros de salud públicos si el Gobierno no atiende sus exigencias salariales.
«Si no somos escuchados vamos a ir a una paralización», afirmó el sindicalista durante la movilización.
La marcha partió de la avenida Universidad, en el centro de Caracas, y fue desviada después de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana bloquearan varios pasos viales. Tres representantes de los trabajadores continuaron hasta la sede presidencial para entregar el documento y las firmas.
