The Daily Journal.- La participación política de las mujeres en Venezuela se desarrolla bajo condiciones de riesgo que trascienden la actividad pública y alcanzan el ámbito familiar. Así lo documentó la organización no gubernamental Laboratorio de Paz a través de la investigación titulada Inquebrantables. Violencia contra las mujeres en la política venezolana.
El informe, presentado recientemente por la co-directora de la ONG, Lexys Rendón, y la investigadora Beatriz Vento, está elaborado a partir de entrevistas a 23 dirigentes vinculadas a partidos, organizaciones y espacios de participación política.
Las participantes —cuya edad varía entre 18 y 70 años— pertenecen a distintas tendencias políticas y sus testimonios fueron recogidos de manera anónima para preservar su seguridad.
El estudio ─realizado entre 2024 y 2026─ incorpora casos de mujeres que permanecen en Venezuela y de otras que han salido del país por persecución política o migración forzada, así como testimonios de mujeres que padecieron cárcel, torturas o que optaron por reducir su exposición pública.
Condiciones de riesgo
El primer hallazgo de la investigación —explica la co-directora de Laboratorio de Paz— apunta a que las mujeres ejercen la actividad política en condiciones de riesgo que afectan tanto su desempeño público como su entorno familiar.
«La persecución se extiende al entorno familiar que condiciona el liderazgo, la exposición pública, el activismo e incluso la permanencia en el país», afirma Rendón.
Los datos recopilados muestran el alcance de esa afectación: 100 % de las entrevistadas aseguró haber cambiado decisiones para proteger a su familia, mientras que tres de cada cuatro señalaron que su actividad política había afectado a sus familiares.
El temor también condiciona las decisiones sobre la permanencia en el país. Más de la mitad de las entrevistadas afirmó haber pensado en exiliarse debido a su actividad política, mientras que la totalidad manifestó temor a ser judicializada.
La investigación señala que las mujeres que acompañan a familiares detenidos o perseguidos asumen mayores cargas de cuidado, lo que profundiza desigualdades preexistentes.
De acuerdo con Rendón, la violencia política busca así incrementar los costos personales, familiares y emocionales de la participación para provocar el repliegue de las mujeres.
«La violencia es un mecanismo de control», sostuvo la activista, quien destacó que la afectación no se limita a quienes ocupan posiciones visibles de liderazgo, sino que alcanza también a quienes realizan trabajo político y comunitario en ámbitos locales.
Autoridad política constantemente cuestionada
El segundo hallazgo identifica obstáculos relacionados con la legitimidad y el reconocimiento de la autoridad femenina, tanto dentro de los partidos como en otros espacios de participación pública e incluso en algunos entornos familiares.
«La autoridad política de las mujeres es constantemente puesta en duda», asegura Rendón.
La investigación señala que persisten cuestionamientos sobre las capacidades de las mujeres, una menor valoración de su trabajo, exclusiones de espacios de decisión y la atribución de sus logros a terceros.
Para Rendón, la principal barrera ya no se limita al acceso a los espacios políticos, sino al reconocimiento de la autoridad una vez que las mujeres llegan a ellos.
«Una cultura política que asocia el liderazgo y la autoridad con lo masculino obliga a las mujeres a demostrar constantemente su capacidad, su mérito y su experiencia», señala.
El estudio también advierte que, pese al incremento de la presencia femenina en organizaciones políticas, los espacios reales de poder continúan concentrados de manera desproporcionada en redes masculinas.
El cuerpo y la vida privada son utilizados para deslegitimar
Otra de las conclusiones del estudio está relacionada con la utilización del cuerpo, la apariencia y la vida privada como mecanismos para cuestionar la legitimidad de las mujeres en la política.
«La mujer sigue siendo sexualizada, la mujer sigue siendo evaluada por su cuerpo, por cómo se viste, por cómo habla, por todo menos por la capacidad de liderazgo», denuncia Rendón.
Los datos recopilados apuntan en esta dirección: más de 69 % de las entrevistadas afirmó ser juzgada por su apariencia o su vida personal antes que por su liderazgo político.
Uno de los elementos que más llamó la atención de la investigación, dijo Rendón, es que estas prácticas se encuentran normalizadas.
Rendón señala que esta violencia no siempre es identificada como tal por quienes la padecen o por quienes la observan, lo que contribuye a su reproducción.
«No nos damos cuenta a veces de cómo nosotros no estamos evidenciando las violencias. Y al no darnos cuenta las silenciamos y al silenciarlas no existen», sostiene.
Obstáculos estructurales para acceder al poder
La investigación identifica además brechas en el acceso a los espacios donde se adoptan las principales decisiones políticas. La activista aclara que la presencia de mujeres en partidos, comunidades, universidades y otros ámbitos no se traduce automáticamente en una redistribución del poder.
«La incorporación de mujeres a estructuras partidistas constituye un avance, pero no garantiza por sí misma una redistribución de la influencia política», apunta.
Entre los obstáculos menciona la concentración de decisiones estratégicas en liderazgos masculinos, la exclusión de espacios informales donde se construyen acuerdos y consensos y mecanismos internos que limitan el acceso de las mujeres a posiciones de conducción política.
Rendón también alude a las denominadas «paredes de cristal», mediante las cuales las mujeres son concentradas en determinadas funciones, y al «suelo pegajoso», asociado a las responsabilidades familiares y de cuidado que recaen de manera desproporcionada sobre ellas.
Los resultados cuantitativos refuerzan esta conclusión: el predominio masculino en la adopción de las decisiones más importantes, que alcanza 87 %, contrasta con la creciente presencia de mujeres en partidos, comunidades y otros espacios de participación política.
La violencia política de género se ha normalizado
El informe Inquebrantables también confirma la normalización de las agresiones y la falta de mecanismos eficaces para prevenirlas y atenderlas dentro de las organizaciones políticas.
Los datos recopilados muestran que seis de cada 10 entrevistadas sufrieron hostigamiento e intimidación y cuatro de cada 10 fueron amenazadas, mientras que dos de cada tres reportaron agresiones por parte de organismos de seguridad del Estado.
Rendón recuerda que muchos de los hechos identificados durante las entrevistas ocurrieron precisamente en los espacios donde las mujeres deberían contar con mayores niveles de confianza y protección.
La investigación recoge situaciones en las que las violencias son presentadas como bromas o costumbres y advierte sobre la ausencia de protocolos para prevenir y atender la violencia de género en distintas organizaciones.
«La ausencia de denuncia no significa ausencia de violencia. La ausencia de denuncia lo que hace es que invisibiliza las violencias y desprotege a las víctimas», añade.
Rendón vincula esta situación con las restricciones institucionales y con la falta de confianza en los mecanismos estatales de protección. Según explica, el autoritarismo, la falta de Estado de derecho y la ausencia de institucionalidad han llevado a muchas mujeres a desarrollar mecanismos propios de protección y acompañamiento.
Pese a las barreras…
El sexto hallazgo destaca el papel que las mujeres continúan desempeñando en la organización política pese a las barreras y formas de violencia identificadas.
«La participación en la política no puede entenderse únicamente a través de su presencia, su dirección y su representación», aclara Rendón.
La investigadora destacó especialmente el trabajo menos visible desarrollado por mujeres en redes de confianza, acompañamiento a víctimas, organización comunitaria y formación de nuevos liderazgos.
La investigación señala que estas labores conviven con un contexto en el que la actividad política también tiene consecuencias sobre la vida familiar y personal. La totalidad de las entrevistadas manifestó haber modificado decisiones para proteger a sus familias y más de la mitad llegó a considerar el exilio como consecuencia de su actividad política.
«Una parte importante de su participación ocurre en ámbitos menos visibles pero fundamentales para el funcionamiento de la sociedad en cualquier territorio», explica.
Para Rendón, ese trabajo constituye también una oportunidad para transformar las formas de participación política en Venezuela.
«La participación femenina ahorita es importante y yo creo que esta es una oportunidad para que podamos hacer los cambios civilizatorios que requiere el país en torno a la democracia», sostiene.
